Si algo ha quedado claramente demostrado
con el ilegal fallo del TCP es precisamente que no hay nada irreversible en
materia política.
Me explico: en el año 2009 se promulgó la
actualmente vigente Constitución Política del Estado, cuyo artículo 168
establece que el presidente solo podrá re-postularse por una sola vez.
Tratándose de un proceso constituyente turbulento, que solo pudo concretarse
tras el acuerdo sobre dicho artículo, se pensó que la aprobación de dicha
Constitución zanjaba definitivamente el asunto desechando definitivamente la
propuesta de la reelección indefinida.
En cumplimiento de esta norma, el
presidente Morales se re-postuló para las elecciones de 2009.
Según lo establecido en el art. 168 de la
Constitución Política del Estado, para las elecciones de 2014 el presidente
Morales ya no podía re-re-postularse, sin embargo, logró burlar la prohibición
constitucional mediante una “ley de aplicación normativa” que, ilegalmente
habilitó su tercera postulación para el período actual que culmina el 2019.
Ahora bien, habiendo agotado todas las
argucias para re-re-postularse legalmente, el presidente Morales intentó
reformar la Constitución convocando para ello al referéndum del 21 de febrero
de 2016. Pero, en dicho referéndum el pueblo mayoritariamente dijo NO a la
reforma constitucional del art. 168, quedando de esta manera zanjada la
cuestión, puesto que la decisión del soberano expresada en el referéndum tiene
carácter vinculante y no hay poder por encima del soberano que revierta dicha
decisión.
Muy a pesar de ello y aquí viene la
novedad, el presidente Morales mediante un ilegal fallo del TCP, pretende
suprimir el art. 168 de la CPE y dejar sin efecto vinculante el referéndum del
21 de febrero de 2016, resoluciones para las cuales no tiene atribución el TCP.
En este sentido, el fallo del TCP
constituye una aberración jurídica de imposible aplicación ya que tanto el art.
168 de la Constitución Política del Estado como el carácter vinculante del
referéndum están plenamente vigentes. Imponer la re-postulación indefinida mediante
esta ilegítima sentencia constitucional es un verdadero golpe judicial que
quiebra el orden constitucional. Por tanto, el presidente Morales y sus
seguidores se están “limpiando la boca antes de comer”, porque el ilegal fallo
del TCP ha nacido muerto y más temprano que tarde el pueblo restablecerá el
orden constitucional.
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