El 16 de octubre de 2011 se conoció el resultado
de la primera elección judicial por voto popular, en la cual la ciudadanía
rechazó con una abrumadora mayoría a todos los candidatos seleccionados por la
Asamblea Legislativa Plurinacional. En efecto, los votos válidos en dicha
elección no alcanzaron ni remotamente una cantidad que pudiera dar a los nuevos
magistrados la legitimidad y credibilidad que requerían para asumir los altos
cargos de magistrados del Órgano Judicial.
Aun así, en lugar de desarrollar un proceso de
autocrítica y de enmendar la situación, el Gobierno optó por posesionar a
dichos candidatos, perdedores, en los cargos de magistrados con unos resultados
que, en opinión del primer mandatario del país, fueron desastrosos y pusieron a
la justicia boliviana en “terapia intensiva”, expresión pública lanzada quizás
sin percatarse de que fue él mismo quien posesionó a dichos magistrados
rechazados por la ciudadanía.
Es así que podemos calificar a la primera
experiencia de elección de magistrados por voto popular como un fracaso, cuya
causa principal salta a la vista: el sectario y excluyente proceso de selección
de candidatos realizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ciertamente,
no seleccionó a los mejores.
Hoy que estamos a las puertas de una nueva
elección judicial en diciembre de 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional
–cual si no hubiera aprendido la lección– ha desarrollado el proceso de
selección de los candidatos de manera muy parecida a la de la elección de 2011.
Si bien involucró limitadamente al Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana, repitió la exclusión de los colegios profesionales y de las
personalidades más eminentes del derecho, actuando con el mismo sectarismo que
la ciudadanía rechazó en las urnas, en octubre de 2011.
El proceso de selección de candidatos para las
próximas elecciones judiciales constituyó, para la Asamblea Legislativa, la
oportunidad para rendir un buen desquite. Pero, al parecer, puede más el
sectarismo y la necesidad de controlar políticamente al Órgano Judicial.
En este contexto, el anunciado “voto ninguno” se
perfila como la reiteración de la nota de reprobación al pésimo trabajo de la
Asamblea Legislativa Plurinacional para la elección de los mejores recursos
humanos que puedan enfrentar la crisis judicial que agobia a la ciudadanía y al
Estado boliviano.
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